Camiones eléctricos llegan a la minería chilena, pero los seguros no los conocen

La minería chilena está cambiando su flota a una velocidad que pocos imaginaban hace apenas cinco años. Hoy, camiones eléctricos e híbridos recorren el desierto de Atacama, bajan al rajo y transportan minerales en rutas de cientos de kilómetros, todo sin un solo litro de diésel. Pero hay un actor clave que todavía no ha hecho los deberes: el mercado asegurador.

Los ejemplos concretos se acumulan. Novandino Litio opera la ruta de transporte eléctrico minero más larga del país: 470 kilómetros de ida y vuelta entre el Salar de Atacama y la Planta Química de Litio Carmen, en Antofagasta, cubiertos por cuatro camiones completamente eléctricos. Lundin Mining, en su faena Caserones, incorporó el primer camión minero híbrido eléctrico de categoría Ultra Class en Chile, un Komatsu 930E de 300 toneladas reconvertido en conjunto con Cummins First Mode. Y Minera Centinela ya opera la flota 100% eléctrica más numerosa del sector, con 50 camionetas y 8 equipos funcionando de forma autónoma en el rajo Esperanza Sur.

El horizonte regulatorio refuerza esta tendencia. La Estrategia Nacional de Electromovilidad exige que, a partir de 2035, toda la maquinaria nueva de minería y construcción sea cero emisiones. Lo que hoy parece un conjunto de proyectos piloto será, en menos de una década, el estándar operativo de uno de los sectores más importantes de la economía chilena, responsable de cerca del 60% de las exportaciones del país.

El nudo está en los contratos de seguro. Las pólizas de equipo contratista y flota vehicular vigentes en Chile fueron diseñadas pensando en motores de combustión, sistemas hidráulicos y estructuras de acero. Nadie las actualizó para cubrir lo que hoy define el valor de estos nuevos equipos:

• Paquetes de baterías que pueden degradarse por las condiciones extremas de la alta montaña o el desierto.
• Electrónica de potencia y software de gestión energética, componentes que no existían en la generación anterior de maquinaria.
• Eventos térmicos en los sistemas de baterías, con dinámicas de riesgo distintas a un incendio de motor convencional.
• Criterios de pérdida total que las aseguradoras aún no han definido con claridad cuando el daño afecta al sistema eléctrico y no a la carrocería.

El resultado es una brecha que tiene consecuencias reales para las empresas: están invirtiendo en tecnología de punta, pero operando con coberturas que no reflejan ni el valor ni los riesgos específicos de esos activos. Para la industria minera, que sustenta empleos directos e indirectos en regiones como Antofagasta, Atacama y Tarapacá, esa falta de certeza jurídica y financiera puede frenar decisiones de inversión que de otro modo ya estarían tomadas.

El desafío, en definitiva, no es solo tecnológico ni medioambiental. Es también una tarea urgente para corredores de seguros, aseguradoras y reguladores: ponerse al día con una transición que la industria ya decidió no esperar.